Sustancial rapapolvo a España. En un informe publicado el viernes, la Comisión Europea reprocha a España la escasa eficiencia de su sistema de transferencias sociales. Hasta el punto de que, según el estudio de Bruselas, España es junto a Italia el país en el que las prestaciones menos ayudan a las rentas bajas. El motivo: en proporción a la riqueza del país, hay pocas ayudas para reducir la pobreza. El Gobierno considera que estos datos no son fieles a la realidad, al no incluir las prestaciones en especie que suponen la educación y la sanidad, gratuitas y bastante generosas en comparación con el resto de Europa.
Bruselas vuelve a la carga. Y esta vez no es por el incumplimiento de las metas de déficit público. Ahora hay una nueva agenda social sobre la mesa. Todavía existen muchas heridas que restañar fruto de la crisis. El crecimiento ayuda a sanarlas. Pero el crecimiento también hace más patente la desigualdad: mientras que los trabajadores cualificados mejoran sus condiciones laborales, los poco formados ven como el amplio número de parados sigue presionando a la baja sobre sus salarios. Pese a tratarse de la región del mundo con los mayores sistemas del bienestar, la nueva agenda europea que impulsa la Comisión busca asegurar el reparto de la prosperidad y, por ende, atajar los populismos. Así surge una nueva exigencia europea, una nueva vara de medir distinta del déficit o la deuda. Y según esta, España vuelve a ser un alumno rezagado.